Uno de los grandes desafíos para el desarrollo de proyectos extractivos vinculados a recursos naturales, es la dificultad de lidiar con las comunidades locales, especialmente cuando dichas comunidades son pueblos indígenas. Cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, estos deben ser consultados mediante el denominado proceso de consulta indígena. Dicha obligación de carácter estatal se incluye dentro del procedimiento de evaluación ambiental, el cual no considera otros aspectos relevantes para el desarrollo, construcción y operación de este tipo de proyectos –que deberán coexistir con los pueblos indígenas durante toda su vida útil–, los cuales tienden a ser de larga duración.
Ante este panorama, cabe revisar la experiencia comparada, como el caso de Canadá, para entender la relevancia de implementar un mecanismo, como los acuerdos de impacto y beneficio, que permita conciliar la totalidad de los intereses de los titulares de proyectos extractivos y de los pueblos indígenas.
