Como consecuencia de las deficiencias de la regulación del contencioso administrativo ambiental, la jurisprudencia ha desplegado esfuerzos interpretativos que, en algunos ámbitos, han conducido a soluciones de difícil encuadre en el régimen administrativo vigente. Con la razonable intención de ampliar el acceso a la jurisdicción especializada, la Corte Suprema y los tribunales ambientales han venido admitiendo la legitimación de las municipalidades para ejercer el reclamo previsto para las personas que formulan observaciones en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
En ese contexto, este trabajo analiza la evolución jurisprudencial y las consecuencias de la aplicación de los criterios vigentes en esta materia, desde la perspectiva de los principios de contradictoriedad, en su dimensión de igualdad de actuación de los intervinientes, y de imparcialidad.
